Cuba online

De acuerdo con la International Telecommunications Union (ITU), Cuba tenía una penetración de teléfonos móviles de sólo 2.9 por ciento (aproximadamente 327,000 usuarios) para 2007. Sin embargo, el gobierno relajó las restricciones sobre las compras de teléfonos celulares en marzo de 2008, y redujo los derechos de registro en una mitad, a pesar de que actualmente continúan representando tres meses de sueldo para el trabajador común. Se estima que los cubanos firmaron alrededor de 7,400 nuevos contratos en los 10 días siguientes al levantamiento de la prohibición y, de acuerdo con el periódico oficial Juventud Rebelde, se estima que 480,000 líneas de teléfonos celulares estaban en uso para el fin de año. ETECSA, la compañía de telecomunicaciones controlada por el Estado, predice que en los próximos cinco años habrán 1.4 millones de nuevos contratos de telefonía celular. Los teléfonos móviles no incluyen conexiones de Internet, pero es posible que se puedan enviar y recibir mensajes de texto internacionales en ciertos teléfonos.

La economía informal de acceso a Internet en Cuba incluye acceso a cuentas compartidas, donde los usuarios autorizados venden derechos de acceso a otros sin cuentas oficiales por uno o dos pesos convertibles por hora. Algunas embajadas extranjeras permiten a los cubanos usar sus instalaciones, pero gran parte de los que han acudido a las embajadas para ese fin han reportado acoso policial. Hasta la fecha no ha habido casos de activistas cubanos que utilicen teléfonos móviles o SMS (mensajes de texto) para organizar eventos o diseminar información política. Sin embargo, hay un creciente sistema improvisado de distribución en el cual USB, CDs, y DVDs son utilizados para repartir material (artículos, dibujos satíricos, clips de videos) que ha sido bajado de Internet.

Los cubanos han logrado éxito en movilizarse a través de Internet. En enero de 2007, después de la aparición de Luis Pavón Tamayo en un programa de televisión honrando a personas que han hecho significativas contribuciones a la cultura cubana, los artistas e intelectuales espontáneamente dieron comienzo a una discusión por correo electrónico para rechazar su participación. Tamayo fue en el pasado responsable del Consejo Nacional de la Cultura y fue considerado como el autor de una violenta represión sobre la libertad cultural que duró varios años en la década de los setenta. El período, conocido como Quinquenio Gris, vio a artistas e intelectuales cubanos censurados enviados a campos de trabajo o al exilio. La protesta por correo electrónico rápidamente llamó la atención del gobierno, y el Ministro de Cultura Abel Prieto se reunió con veinte de los participantes para discutir sus preocupaciones. Prieto inicialmente se rehusó a disculparse por la aparición de Tamayo, pero frente al creciente movimiento en línea reconsideró y emitió una disculpa. Dijo que la participación (así como las siguientes apariciones de otros líderes de la represión en la década del setenta, Armando Quesada y Jorge Serguera) había sido un “error”, y explicó que hoy en día el liderazgo del país considera a ese período (que afortunadamente fue de corta duración) con alto grado de reprobación.

Cuba es uno de los pocos países que ha emitido leyes y regulaciones que explícitamente restringen y castigan ciertas actividades en línea. En 1996 el gobierno aprobó el Decreto-Ley 209, conocido como “Acceso de la República de Cuba a Redes Informáticas de Alcance Global”, el cual establece que Internet no puede ser utilizado en violación de los principios morales de la sociedad y de las leyes cubanas, y que los mensajes electrónicos no deben poner en peligro la seguridad nacional.

En 2007, la Resolución 127 sobre seguridad de las redes prohibió la diseminación de información por medio de redes públicas de trasmisión que esté en contra del interés social, normas de buen comportamiento, integridad de la gente o seguridad nacional. El decreto exige a los proveedores de acceso que instalen controles que permitan detectar y prevenir las actividades prohibidas y reportarlas a las autoridades respectivas. Desde una perspectiva regulatoria, la Resolución 56/1999 establece que todos los materiales destinados a publicación o diseminados en Internet deben ser primero aprobados por el Registro Nacional de Publicaciones en Serie. Adicionalmente, la Resolución 92/2003 prohíbe correos electrónicos y otros proveedores de servicios TICs que ofrezcan acceso a individuos que no estén aprobados por el gobierno y exige que sólo autoricen servicios de chat locales y no servicios internacionales. Las entidades que violen estas regulaciones se exponen a que su autorización para ofrecer acceso sea suspendida o revocada.

Extracto del último informe de Freedom House