Cuba, sistema y sociedad

La sociedad cubana atraviesa un momento crucial. De su irrevocable decisión surgirán eventos desencadenantes con grandes efectos de alcance nacional: sabios o defenestrantes. Los primeros permitirán --luego de infinitos sacrificios— alcanzar valores ético-morales, espirituales y socio-económicos superiores en su ulterior y armónico desarrollo progresivo. Los segundos, provocarán un punto de inflexión con cambios bruscos de pendiente, por cobardía o falta de responsabilidad ciudadana; en definitiva nada favorables para el futuro inmediato. Pero no deben preocuparnos en exceso. Son decisiones que la Humanidad, en diferentes latitudes, desde tiempos remotos, está obligada a enfrentar cada ciertos períodos de desarrollo, puntualmente. A nosotros también nos asiste ese derecho de asumir posiciones definitorias y oportunas. Cuba, indudablemente, no constituye una excepción.

Durante poco más de medio siglo el cubano promedio se preocupó por muchos asuntos sin importancia para su cotidianidad y supervivencia social y familiar; guiado, alevosamente, por sus gobernantes y de acuerdo a los intereses de ellos, pues un pueblo poco informado es más fácil de manipular y someter. Es un mecanismo aplicado por las tiranías totalitarias ―como la que sufrimos los cubanos actualmente― para ejercer un mayor y mejor control sobre sus ciudadanos. Los “tanques pensantes” del país así la diseñaron y sus resultados, lamentablemente, han sido excelentes… para ellos. Un grupúsculo de privilegiados sentados en la poltrona regia del poder político absoluto.

Indudablemente es mucho más difícil someter a un pueblo que sabe qué es lo que quiere, cuáles son sus problemas importantes y que domina la forma en que debe canalizarlos, así como conocer los mecanismos con los que puede exigirle a sus gobernantes su estricto cumplimiento.

Cuando un pueblo adquiere el verdadero sentido de pertenencia, que el poder radica en él y tiene acceso a la información necesaria, entonces y sólo en esa situación estará capacitado para asumir las decisiones de alcance social que le resulten beneficiosas. De este principio se deriva un corolario no menos importante: “El verdadero poder radica en el pueblo, no en sus gobernantes”. Éstos son sus servidores y fueron elegidos para representarlos, responder a y solucionar los reclamos de quienes los situaron en esa posición cimera y de responsabilidad. Si el comportamiento de los funcionarios no es ése, entonces, sencillamente, serán revocados en el próximo proceso de elecciones libres, honestas y pluripartidistas, y se convertirán, por los siglos de los siglos, en cadáveres políticos eternos.

Es así como funcionan las sociedades democráticas, modernas, regidas por un Estado de Derecho en el cual se respeta la máxima armonía entre gobernantes (el pueblo que los eligió) y sus servidores (funcionarios por períodos limitados), se aplican los mecanismos democráticos pertinentes y se persigue permanentemente un “status” de bienestar social que satisfaga las necesidades básicas y crecientes de la población a la cual responden.

En Cuba, hace ya 53 años, todo funciona al revés. No existe la libertad ciudadana plena ejercida con responsabilidad social. No hay igualdad de oportunidades para el individuo atendiendo exclusivamente a su capacidad y experiencia demostradas. La verdadera interacción participativa Estado-pueblo brilla por su ausencia. De ahí que la auto-realización del cubano desapareciera de sus aspiraciones o fuera una de las causas del deseo irrefrenable del exilio. La tolerancia social fue sustituida por la imposición ideológica oficialista. El pluralismo político por la tiranía totalitaria y el Terrorismo de Estado. El progreso socio-económico por el estancamiento, el control absoluto y una administración distorsionada por el burocratismo generalizado e ineficiente en todas las instancias institucionales. La conversión de la justicia real en representaciones tragicómicas aplicadas en actos incoherentes por el seudopoder judicial y su desequilibrio y parcialidad en el momento de impartirla como Dios y las Leyes demandan. La Constitución vigente del país es una burda caricatura de lo que debe ser el Documento Rector de una nación que está obligada a regirse bajo el principio de representar los intereses de las mayorías respetando el derecho de las minorías. Como es sabido, toda Constitución tiene que responder a sus ciudadanos en pleno, no a una parte de ellos, aunque ésta pueda ser mayoritaria, al menos en apariencia.

 El Espíritu de las Leyes, cuyo autor es Charles-Louis de Secondat (Barón de Montesquieu), es una obra magistral que responde al pensamiento democrático y al desarrollo del constitucionalismo. Si observamos los aspectos que analiza, esto es, de la corrupción de los principios de los tres gobiernos, en qué consiste la libertad, de la libertad ciudadana, entre otros muchos, veremos cómo definen y qué es la verdadera igualdad: la de los hombres ante las Leyes y la que debe existir para ellos como ciudadanos. Indudablemente, todas ellas constituyen un buen punto de partida para el análisis permanente sociológico que se impone en el mundo de hoy.

Las dictaduras totalitarias, según Carl Friedrich y otros autores de reconocida autoridad en el tema, se caracterizan por: a) una elaborada ideología… con pretensiones militaristas; b) un partido de masas único, que suele dirigir un solo hombre; c) un sistema de terror, físico y/o psíquico, ejercido a través del control del partido y de la policía secreta; d) control sobre todos los medios de comunicación de masas como la prensa, la radio y la cinematografía; e) un control… del uso efectivo de todas las armas de combate; y f) un control y una dirección centralizados de toda la economía. ¿Se ajustan o no estos conceptos a un régimen político conocido y sufrido por los cubanos en su inmensa mayoría por más de medio siglo?

Ahora bien, toda sociedad abierta (democrática), por su esencia misma, encuentra a sus peores enemigos en quienes se precian de ser sus “grandes conductores”, conocedores del ser humano, la época y las circunstancias en que les corresponde vivir. De ahí que finalmente se conviertan en ingenieros sociales y comiencen con sus experimentos de alcance colectivo. En Cuba padecimos, en la década de los años 60, una experiencia de este tipo en un pueblecito llamado “El Cano”, en Arroyo Arenas, localidad en aquella época perteneciente al municipio habanero La Lisa. Fue precisamente allí donde se percibió el principio del fin de nuestro desarrollo socio-económico y cultural. Allí se produjo una protesta (toque de cazuela debido a la hambruna y el desabastecimiento) protagonizada por las mujeres de la localidad, mientras que los hombres, artesanos en su mayoría, se lanzaron a las calles y destruyeron sus obras en cerámica y barro (por el control gubernamental impuesto y quizás por otras violaciones a sus derechos ciudadanos). La reacción gubernamental no se hizo esperar. Se ocupó la localidad militarmente por algunos días, confiscaron los pequeños negocios (únicos que todavía sobrevivían), se decretó una especie de Estado de Sitio y, por último, se declaró con sendos cartelones a la entrada y salida que delimitaba el área urbana del lugar, y en los sitios más visibles: “El Cano, primer territorio socialista en América”. De ese modo se demostraba que la medicina preventiva del gobierno ante las explosiones sociales sería el terror institucional.

La consecuencia de este “ensayo de laboratorio”, años después, se extendió a una provincia (Matanzas) y se bautizó con el nombre de: Poder Popular. Sus resultados, buenos, malos y regulares, sirvieron para extenderlos, si mal no recuerdo, a todo el país, y así fue recogido en la Constitución de la República del año 1976, colofón a las intervenciones de todos los pequeños negocios privados del país, ocurridas en 1967.

Lo cierto es que su aplicación generalizada en la nación provocó, a partir de esa fecha, la destrucción de nuestra economía (incluso la Industria Azucarera, principal sector agro-industrial y el mayor captador de divisas para Cuba hasta ese momento), el desabastecimiento del pueblo, la burocracia generalizada y la ineptitud en la dirección del país.

La democracia política, por su parte, se identifica con el respaldo a la libertad de prensa; favorable y protectora de una intensa y creciente vida asociativa por constituir un componente esencial para el buen desarrollo de la armonía socio-económica. Pero en Cuba está sometida al discurso que aprueban las autoridades gubernamentales, para mejor manipulación ideológica del ciudadano.

La libertad de opinión y su divulgación es premisa para garantizar la soberanía de los pueblos, sobre todo en aquellos países donde el poder judicial no es capaz de proteger a sus ciudadanos contra el abuso y la corrupción de la autoridad que gobierna. De igual manera se sostiene que la libertad de opinión necesariamente debe ir acompañada de la descentralización del poder de la prensa, de modo que en ella pueda encontrarse la diversidad de criterios necesarios para elevar el poder de decisión que debe tener el ciudadano promedio.  

Héctor Maseda

No hay comentarios: