La Red Latinoamericana de Trans (REDLACTRANS) ha cumplido con el objetivo trazado desde el principio: trabajar en conjunto por la comunidad de trans y travestis a nivel regional. Están agrupados en un círculo de miembros de más de dieciocho países, incluyendo a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Paraguay.
En su página digital http://www.redlactrans.org.ar/home.htm está bien demarcada la defensa de este colectivo. En una declaración de octubre de 2010 acusaron directamente al gobierno hondureño por crímenes y otros delitos cometidos contra la comunidad trasn y otros actores de diferentes identidades. Con claridad y una valentía premiada con resultados concretos más adelante, el Colectivo Unidad Color Rosa, organización perteneciente a la REDLACTRANS, denunció el asesinato de Imperia Gamaniel Parson, presidenta de la Junta Directiva, 31 de agosto del 2010, y el de la vicepresidenta de la organización, Neraldys, en el centro de San Pedro Sula. Neraldys había recibido siete balazos y tuvo que ser hospitalizada; diez días después falleció en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Honduras.
Entre las demandas de REDLACTRANS estaban las de obligar a los gobiernos a investigar de manera minuciosa cada ataque, cada violación que se cometiera en la región contra personas de orientación sexual diversa, defendiendo con ello el derecho ciudadano universal. Más allá de la denuncia formal, esta red fue al marco concreto de la operatividad en materia de seguridad social y ciudadana, instando al estado hondureño a buscar protección para los defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con los actos de violencia y las diferentes violaciones de los derechos humanos perpetrados contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género.
Más allá de la protesta formal, que se vulgariza en el hecho de hacerlo por hacerlo, REDLACTRANS, al trabajar directamente con instituciones gubernamentales en temas de cooperación, también exige el derecho que les ha sido dado por naturaleza, el de la vida.
Entre los logros de su promoción pro-vida estará siempre el de haber logrado que una persona trans haya estado en una Asamblea General de la OEA. Allí, amparados en resoluciones anteriores, firmadas por todos los mandatarios de manera unánime siempre, se le expuso la preocupación por la omisión de los conceptos de “identidad y expresión” de género del párrafo 5to del proyecto de declaración de San Pedro Sula. En aquel proyecto se hacía referencia a la violencia generada por la discriminación. La identidad y expresión de género de travestis, transgéneros y transexuales es parte fundamental, dice la exigencia, del ejercicio de nuestra libertad cultural y construcción identitaria, para más adelante aseverar:
“En la Región de las Américas las atrocidades cometidas han sido documentadas desde hace más de una década. Diversos informes producidos en su gran mayoría por organizaciones no gubernamentales, permiten constatar la existencia de innumerables ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos producto de las llamadas campañas de limpieza social o de las producidas por grupos de exterminio como sucede en México, Brasil, Colombia y el Salvador.”
Sin ningún tipo de vedetismo ni asomo de cultura snob, la RED, como también se le conoce, está enmarcada en un hecho histórico concreto, lo que la conecta con la defensa de los derechos civiles en el continente en medio de protestas sociales que cambiaron para siempre la vida y la funcionalidad de sus principales gobiernos. Una acción vital, ya reseñada, fue la del barrio de Greenwich Village, en el bar Stonewall, en pleno corazón de New York allá por junio del 1969. Por primera vez un grupo trans (en sus diferentes preferencias) se enfrentó a la policía como protesta radical por las frecuentes redadas que se efectuaban contra los gays, lesbianas y trans que frecuentaba el famoso bar Stonewall Inn.
Una de las aristas más abordados por la Red es la del compromiso de los gobiernos en la región, que en reuniones de ministros y otras actividades de alta incidencia de poder nadan en el marasmo de los documentos formales, la firma de protocolos y otras acciones de carácter publicitario sin que se concreten medidas encaminadas a la protección ciudadana de forma genérica. Los convulsos tiempos que se viven con exclusiones inusitadas para la modernidad que se pregona, atentan contra minorías de carácter diverso. Venezuela, México y Colombia caminan a la delantera de la violencia contra estas minorías en la región e incluso el mundo. Es por ello que los mecanismos de observación están siendo “invadidos” cada vez más por las redes alternativas de defensa social, entre ellas REDLACTRANS.
En la Declaración referida al capítulo del Cono Sur Brasil, se hizo énfasis en que los gobiernos, los organismos de Naciones Unidas y las distintas agencias de cooperación internacional tomaran cartas en el asunto de la protección de estos derechos. Ante el aumento de la violencia y la discriminación de género, refiere REDLACTRANS, urge activar de manera más eficaz las herramientas de observación, denuncia y puesta en práctica de acciones dirigidas a la equidad ciudadana que corresponde al siglo XXI.
La dinámica de expresión de REDLACTRANS se encamina también al debate revelado de la realidad social. La discusión de los temas en foros, en talleres de orientación y otros lleva a la reafirmación de una identidad que se siente lacerada por el empuje de la violencia, la falta de educación u oportunidades educacionales y el mismo trasfondo de marginación a que distintos gobiernos someten ya no solo a las minorías.
La REDLACTRANS, con su sitio web http://www.redlactrans.org.ar/home.htm, aparece como un mecanismo defensa y apoyo para los derechos trans que se empina cada día más por encima de los prejuicios culturales, la violencia intradoméstica y las políticas regionales de exclusión, que a fuerza de olvido se convierten en decretos gubernamentales. El difícil tejido de la sociedad civil en la América preterida se enriquece con el empoderamiento ciudadano, con la fuerza que crece apenas un individuo toma las riendas de su destino más cercano pero con miras a un futuro que legará a los otros. A través de diferentes iniciativas irán incrementando su visibilidad en América Latina y eso los hará menos vulnerables.
El conocimiento de los mecanismos legales y políticos les ha permitido emerger como grupos a los que recurrir cuando se hable de la defensa de los derechos humanos en la región y el mundo, y son ya una referencia obligatoria por el trabajo en que se encuentran inmersos ahora mismo.
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